Es desolador el panorama al que se enfrentan los jóvenes provenientes de sectores populares cuando se ven obligados a hipotecar sus sueños a una educación “superior” denominada con el eufemismo de “educación para el trabajo”; se trata de una educación propia de una economía periférica, es decir, una economía con “una combinación de salarios bajos, tecnología más rudimentaria y un tipo de producción simple” como dirían Taylor y Colin. A pesar de que el artículo 6 de la Ley 30 de 1992 señala que la educación debe “ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional”, en la actualidad se ha fomentado una educación no profesional que privilegia los conocimientos “operativos” sobre la vocación científica de instancias como el Sistema Universitario Estatal.
La profundidad del problema se dimensiona al revisar las políticas sectoriales; v.g. el Conpes 2945 de 1997 planteó dos fines: 1. Educar en concordancia a las «tendencias» del mercado laboral, y 2. Dar respuesta a las necesidades tecnológicas del sector productivo; allí se dio un papel protagónico al SENA mientras se impulsaba una oferta privada de baja calidad y precio para que a ella accediera la “mano de obra” de poca cualificación. Igual situación se observa en el Conpes 81 de 2004, pues, busca la consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo planteando objetivos mutuamente excluyentes como el incremento del desarrollo tecnológico, que requiere un ingente capital científico formado en educación universitaria, y en simultánea, está en pos de la rápida salida de la educación media a la vida laboral. Además, con base en postulados neoinstitucionalistas, afincados en supuestos de la pseudocientífica ortodoxia neoclásica, estas políticas señalan que el Estado debe estar al servicio de los privados en lugar de establecer la ruta de desarrollo a seguir, con lo cual, fomentan políticas de ocupación y no de empleo. Similares críticas se pueden hacer al Conpes 3674 de 2010 y otros desarrollos en el área.
Poco importa que se detecten falencias como la ausencia de un desarrollo científico en otras políticas como el Conpes 3527 de 2008 o el Conpes 3582 de 2009 los cuales indican la necesidad de profundizar el desarrollo de competencias científicas en niños y jóvenes, y formar técnicos y tecnólogos especializados en Ciencia Tecnología e Investigación, incluso en el nivel local y regional, cuando se termina fomentando la “educación para el trabajo” en los hechos, pues de facto, las políticas se han concentrado en generar una educación “técnica” y “tecnológica”, cuyo enfoque es ambiguo como señala el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, la cual genera bajo valor agregado al tiempo que no se avanza en el componente científico y realmente técnico, por ejemplo, con la obligación de iniciar una carrera “técnica” al interior de los colegios oficiales para que una vez finalizado el bachillerato, los jóvenes de menores recursos ingresen al mercado laboral con un bajo nivel de cualificación.
Los efectos de ello son nefastos, pues, como indicaba Theotonio Dos Santos al respecto de Latinoamérica “[e]l abandono del esfuerzo científico y tecnológico regional llevó también al abandono del sector de bienes de capital, donde se concentra la llave del proceso de revolución científico-técnica y la posibilidad de un desarrollo auto-sostenido”. El supuesto beneficio de las “ventajas comparativas” constituye un error que desde los tiempos de Ricardo se vende como la panacea, cosa que solo sirve para enajenar el futuro del país. Depende de los decisores de política, locales y nacionales, encaminar la educación hacia un componente realmente técnico y científico, y construir un país a la altura de los sueños de esos mismos jóvenes.
